Diputada Castillo solicita aplazar implementación de ley que regula los Servicios Sanitarios Rurales
La ley 20.998 se encuentra vigente desde el 2020, pero se pospuso su aplicación por dos años debido a la pandemia. La solicitud va acompañada de un oficio al ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, para que éste evalúe modificar la ley con la participación de organizaciones rurales.
En intervención en sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, parlamentaria del distrito 5 Nathalie Castillo solicitó aplazar la implementación de la ley 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales como parte de las demandas que han levantado los propios comités de agua potable rural de la región de Coquimbo.
“Nos hemos reunido con dirigencias de las APRS de las provincias del Choapa, Limarí y Elqui, quienes señalan sentirse excluidos en la discusión de la ley 20.998 y preocupados por su implementación; miran con recelo la nueva ley, señalando que las normas que están en la modificación apuntan a la privatización de los APRs, perdiendo el carácter comunitario que estas tienen, yendo en desmedro de las necesidades de las comunidades rurales”, señaló la congresista.
La ley, en su génesis, comenzó su trámite legislativo el año 2008 y fue aprobado el 2017 en el gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, producto de la pandemia, fue pospuesta su aplicación durante dos años desde su vigencia (2020) por lo que el 2022, en concreto el 20 de noviembre, finalizaría la suspensión provisoria.
En su alocución, Castillo recalcó que la participación ciudadana -para modificar la ley- no debe ser bajo los “términos políticamente correctos, sino más bien una dinámica vinculante en la toma de decisiones y que se relacione la realidad con una solución concreta en los territorios, con sus características y particularidades”.
En esa línea la diputada solicitó a la Cámara mediante oficio que el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, informe sobre la posibilidad de prorrogar la aplicación de la ley para realizar una mesa de trabajo que integre a todas las APRs del país.
En lo particular la parlamentaria señaló que la aplicación del artículo 52 bis ha generado multas millonarias a los comités, además de que los requerimientos técnicos “no está acorde a las realidades de los territorios”.
“Se deben generar instancias de perfeccionamiento técnico, pero atendiendo a las necesidades y particularidades del mundo rural, ya que la diversidad geográfica, económica y culturas de las regiones de Chile, no permite aplicar de manera homogénea los mecanismos de perfeccionamientos que establece la ley”, concluyó Castillo, junto con recordar que la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru), que agrupa a asociaciones provinciales y regionales de APRs desde Valparaíso hasta Los Lagos, manifestó en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la cámara baja sus distancias con la ley.
