SENADOR NÚÑEZ Y DIPUTADA TELLO PIDEN PROTEGER BOFEDAL ANTE EXPANSIÓN DE MINERA LOS PELAMBRES

AUDIO  : Senador Daniel Núñez

AUDIO : Diputada Carolina Tello

El proyecto de expansión de Minera Los Pelambres tiene muy preocupadas a las comunidades que viven en la zona cordillerana de la comuna de Salamanca, ya que lo perciben como una amenaza para el ecosistema y las fuentes de agua.

Ante este escenario, el senador Daniel Núñez y la diputada Carolina Tello solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente proteger los bofedales del sector de Las Hualtatas.

“Nos parece fundamental que el Ministerio de Medio Ambiente proteja estos bofedales, ya que están amenazados hoy día por los botaderos contiguos que tiene ahí Minera los Pelambres, pero más amenazados se encuentran aún por el proyecto de expansión  que estaría depositando material estéril justamente encima y sobre esta zona”, señaló Núñez.

Para el parlamentario “es un deber del Ministerio de Medio Ambiente adoptar medidas de protección, usar los instrumentos legales que le entrega el Código de Aguas y le estamos pidiendo hacer también una visita conjunta a esos bofedales para ver en qué estado se encuentran en este minuto y asegurar que protejamos estas partes de vegas que son fundamentales para la reproducción y el ciclo que le permite dar vida a los ríos que hoy día están tan amenazados en nuestra región por la brutal sequía que estamos pasando”.

La diputada Carolina Tello, en tanto, argumentó que “tenemos una preocupación en particular respecto de los bofedales altoandinos que se encuentran en el sector de Las Hualtatas que es el mismo lugar del botadero Las Hualtatas de minera Los Pelambres, la cual, además, sabemos que busca expandir su vida útil en más de 20 años según lo que se ha estimado en un principio y que se presentó por la propia empresa, por lo tanto consideramos que esta protección es absolutamente urgente”.

La legisladora se refirió a las herramientas que existen actualmente a propósito por ejemplo de la modificación al código de aguas, “específicamente su artículo 58 que protege a los humedales alto andinos desde la región de Arica a Coquimbo, creemos que es muy importante que éste se pueda aplicar en este caso lo mismo que surge a propósito de la creación del Servicio de Biodiversidad y áreas protegidas y, por supuesto, lo que tiene que ver también con la firma y la adhesión al tratado de Escazú que representa una oportunidad real para democratizar la decisión de cómo deben los territorios proyectar su crecimiento y permanencia”.

Julio Molina Durán, representante de las comunidades de agua del río Cuncumén que han levantado esta inquietud, expuso que “nosotros venimos planteando las afectaciones al río Cuncumén desde el año 2007 en adelante de forma consistente, y lamentablemente no ha sido posible lograr el propósito de que nuestro recurso se proteja en las condiciones que lo estamos demandando, dado que las afectaciones que este recurso, y digo, en la subcuenca del río Cuncumén se ha visto muy afectado en términos de calidad y también la seguridad del recurso, dado el desarrollo del megaproyecto de los Pelambres, donde hay grandes obras en toda la cuenca y las nacientes del río”.

El dirigente recalca que “con estas nuevas autoridades que nos han dado el apoyo desde mayo de 2022, en donde hemos sostenido reuniones en distintos espacios, los distintos servicios, tanto el servicio de la DGA y también hemos estado en la Comisión de Medio Ambiente, y el 29 con la ministra de Medio Ambiente, en donde, bueno, expusimos nuevamente nuestras afectaciones al recurso hídrico”.

Ahora, afirmó, esperan que la secretaria de Estado escuche su invitación y pueda visitar el bofedal a la brevedad.

Por otro lado, la diputada Nathalie Castillo, quien también ha trabajado con las comunidades en la defensa del medioambiente, apuntó que “no hemos estado ajenas a ello que sucede en Cuncumén y toda la provincia producto de las afectaciones que la gran minería ha provocado. Por ello, insistimos en una segunda solicitud de comisión especial investigadora para que concurra el Estado, las instituciones y la comunidad a dar cuenta sobre su situación sanitaria, ambiental y por supuesto hídrica”.